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Sonora es la segunda entidad del país en recibir de la PGR recursos recuperados mediante acuerdos reparatorios del daño ocasionado por hechos de corrupción.

La PGR entregó al gobierno estatal 38.7 millones de pesos sustraídos ilegalmente durante el gobierno de Guillermo Padrés, siendo el empresario Mario Aguirre quien entregó los recursos millonarios para resarcir el daño ocasionado al erario sonorense por las mochadas al gobierno de Padrés para obtener los contratos de confección de los uniformes escolares de nivel básico.

La gobernadora Claudia Pavlovich celebró que la PGR reintegre parte del recurso que en la anterior administración fue sustraído en forma ilegal de las arcas del erario, pues finalmente es lo que todos los ciudadanos esperan.

“A mí lo que más me interesa, y como a todos yo creo, pues son los recursos que se devuelvan al Estado, que al estado entren recursos para salir de todos los problemas que tiene, que son bastantes como ustedes saben en materia financiera”, dijo.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Iván Jaimes Archundia, fue quien signó en acuerdo con la PGR a través de Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y Asuntos Internacionales, quien en sustitución del Procurador General de la República, entregó al Gobierno del Estado un cheque por la cantidad de 38.7 millones de pesos por concepto de reparación de daños lograda a través de un acuerdo reparatorio concretado por el Ministerio Público de la Federación.

El año pasado la PGR entregó al gobierno de Veracruz un cheque por 171 millones 600 mil pesos y otro por 851 mil 80 pesos recuperados a dos empresas por investigación de hechos e corrupción en el gobierno de Javier Duarte, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

El gobernador de Veracruz Miguel Angel Yunes Linares, declaró en el 2017 que su gobierno había recuperado por parte de la PGR 412 millones de pesos de corruptelas de Javier Duarte.

La entrega de recursos son parte de los mecanismos alternativos de solución de controversias del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que privilegia la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos.

En el caso de Sonora, el empresario Mario Aguirre entregó los 38.7 millones de pesos como parte de los acuerdos con la PGR para obtener la libertad luego de un año de estar bajo proceso en un penal de la Ciudad de México para que respondiera por las acusaciones de lavado de dinero, defraudación fiscal, tráfico de influencias, y hasta por despojar de manera ilegal de un terreno en Hermosillo al empresario José Santos Gutiérrez, para construir el exclusivo centro social Villa Toscana.

Además de lo anterior, de acuerdo a publicaciones al también propietario del Expo Fórum, se logró vincularlo con diversas empresas que se hicieron acreedoras a licitaciones de gobierno en la administración Padrés, mismas que generaron ganancias cercanas a los 20 millones de dólares anuales.

De igual manera, según versiones periodísticas se investiga a Aguirre Ibarra por operaciones de lavado en cuentas extranjeras que vinculan al empresario con el hermano del ex mandatario, Miguel Padrés Elías, ya que desde una empresa de su propiedad se realizaron millonarias trasferencias a cuentas en bancos extranjeros a nombre de “Activos e Inmuebles”, empresa fantasma que posteriormente triangulaba a los capitales a una cuenta a nombre de Miguel Padrés Elías y uno de sus socios.

Si esas versiones de transacciones millonarias fueron confirmadas por la PGR, los 38.7 millones de pesos entregados por Mario Aguirre, son como quitarle un pelo a un gato.

Pues le salió barato el perdón, al quedar próximamente en libertad rechinando de limpio y con los bolsillos llenos de plata. Podría ser que ese acuerdo reparatorio del daño, sea parte del beneficio por ser testigo protegido clave y declarar contra el ex gobernador Padrés.

Y si solo se trata de devolver parte del robo, veremos cuánto entrega el ex gobernador Padrés para salir del Reclusorio Preventivo Oriente, si es que le dejó algo su costoso defensor Antonio Lozano Gracia, en dos años de litigio legal y político.

En el caso de los 38.7 millones de pesos recuperados, la gobernadora Pavlovich debería de retornarlos al sistema educativo, y de manera trasparente informar la inversión de cada peso de ese monto en edificar escuelas, compra de camiones escolares, mobiliario, etc.

ADVIERTE CLAUDIA NO CEDERA A CHANTAJES DE CAMIONEROS

El plan emergente del gobierno estatal utilizando taxis y una flotilla de camiones funcionó para amortiguar el boicot camionero de los concesionarios en Hermosillo y en otros municipios, pero esa medición de fuerzas no puede ser para siempre y la administración estatal tiene que dar el “volantazo”, o corre el riesgo de ser atropellada por esos cafres del volante que nada respetan.

Los camioneros de Sictuhsa amenazan con seguir la huelga en el servicio del transporte iniciada este lunes, por lo que ya se están pasando de tueste y el gobierno estatal no debe de realizar parches al servicio con planes emergentes sino aplicar con mano dura la Ley del Transporte, porque ahora hasta quieren circular cobrado por sus pistolas 11 pesos en lugar de los 9 pesos a los usuarios.

El director del Transporte Carlos Morales Buelna, ya inició con los trámites legales para la recisión del convenio con Sictuhsa y amenaza con quitar concesiones, pero debe de ir más allá entregando las auditorías a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue el buen uso de los recursos públicos entregados a los concesionario de Hermosillo, Cajeme y Navojoa por 650 millones de pesos, detectando pasivos desde el 2012 por 345 millones de pesos con adeudos al IMSS, Infonavit y a instituciones financieras para comprar unidades. O son muy malos administradores o son proclives a quedarse con el dinero ajeno. Ambos casos son reprobables, y no pasan la mínima prueba en la “Cuarta Transformación”.

Si los muchachos de Odracir Espinoza entraron a la Universidad de Sonora tumbando puertas y ventanas para auditarla en un hecho inédito en Sonora, con más razón deben de subirse a los camiones de los concesionarios para saber dónde quedó el diésel y demás tuercas y créditos millonarios en empresas del transporte quebradas, pero con empresarios ricos.

Sobre el tema del transporte, entrevistada luego de inaugurar la ampliación del bulevar Quintero Arce al sur de Hermosillo, la gobernadora Pavlovich advirtió que no permitirá que a Sonora lo ahorquen los paros, chantajes y caprichos de los concesionarios del transporte urbano, y que no tiene previsto ceder un milímetro en la petición de incrementar la tarifa a 15 pesos.

Aseguró que ante el paro de transporte en ciudades como Hermosillo, Obregón, San Luis Río Colorado y Guaymas, los operativos emergentes funcionaron, lo que permite estar preparados a no ceder a chantajes.

“Ni nosotros ni el Consejo Ciudadano del Transporte estamos de acuerdo con esa alza, el servicio no ha mejorado nada y además para una familia es algo imposible, imagínense a alguien que toma cuatro camiones al día, eso sería muy duro para su economía”, dijo.

“Si no es negocio, pues que regresen las concesiones y punto”, puntualizó. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)

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