Sin duda la mayor demanda que recibirá este lunes en su visita a Sonora el presidente López Obrador, será en materia de seguridad, claro, sin descartar otros temas prioritarios que ameritan toda su atención y apoyo.
Aunque el titula de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño, asegure que Sonora es un lugar privilegiado por el bajo índice de narco violencia respecto a otros estados del País, las ejecuciones aisladas pero frecuentes en varios municipios sonorenses cada vez son más agresivas, impactantes y sangrientas.
Diversos sondeos señalan que en Sonora la percepción de inseguridad es muy alta, sobre todo en relación a atentados del narcotráfico, sin dejar de lado los delitos del fuero común como asaltos, robos, etc., que son combatidos por el gobierno estatal con uñas y dientes.
En la reviente cumbre de seguridad realizada en Guaymas, donde estuvieron presentes Durazo Montaño, la gobernadora Claudia Pavlovich y alcaldes de cinco municipios sureños, se acordó un mando militar en las corporaciones policiacas municipales para poner orden, pero los munícipes acataron la propuesta que era orden de manera tardía y a regañadientes porque no querían soltar a militares extraños “la caja chica” de policía y tránsito y los jugosos acuerdos bajo la mesa.
Antes el paisano Durazo Montaño había atendido la solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, para que enviara a elementos de la recién aprobada Guardia Nacional, llegando mil 800 elementos a Sonora sin que se sepa dónde están porque ni los ven ni los oyen en labores de prevención o rugiendo la “tartamuda”, por lo que en algunos los pueblos sonorenses prefirieron cancelar las fiestas patronales y hasta las carreras de caballos.
Y a nueve meses de gestión de López Obrador, las promesas para Sonora en eso se han quedado, porque ni se ha homologado el precio de la gasolina en la frontera sonorense con los expendios de Estados Unidos, ni se ha bajado el IVA ni el ISR, ni se han creado la docena de universidades prometidas desde antes de tomar posesión.
Y ya con la banda presidencial cruzada bajo su pecho, López Obrador en lugar de dar a los sonorenses nos quita al cambiar las reglas de operación del Fondo Minero para distribuir los mil 200 millones anuales en becas para los habitantes de 22 municipios con vocación minera, en un uso descarado con tintes partidistas y clientelar para Morena.
Por fortuna algunos municipios y gobiernos como el de Chihuahua, interpusieron controversias constitucionales que han recibido buena respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Fondo Minero siga siendo operado por los estados y municipios, como también lo ha demandado por la vía institucional la gobernadora Claudia Pavlovich, como fue en el caso también de las estancias infantiles exigiendo que el recurso se destinara a las guarderías para que sigan operando y no a las madres trabajadoras como lo propuso y lo hace López Obrador, pero el jueguito clientelar se le está cayendo al aprobar la SCJN restituir el apoyo federal a las guarderías.
Los reversazos ya son muy comunes en López Obrador ante la presión social, política y económica, (como lo hemos vista con los dueños de gasoductos y con Trump), por lo que en una reciente gira por Zacatecas, declaró de manera ambigua que el Fondo Minero sería destinado para apoyar a la población aplicando sus recursos para inversión en infraestructura educativa y de salud. Eso ya cambia.
Hay muchas cuentas pendientes de López Obrador con Sonora pues además de lo relatado en párrafos anteriores, hay que recordar que le afectó el presupuesto con el recorte de 2 mil millones de pesos en este año, y las promesas incumplidas de apoyar 25 proyectos productivos que la gobernadora Pavlovich le planteó en septiembre pasado en su primera visita a Sonora como Presidente Electo, y sigue sin llegar el apoyo financiero para atender el conflicto fronterizo que causan las caravanas migrantes.
Bueno, no todo está perdido, porque cuando menos López Obrador ratificó el acuerdo para que Sonora siga siendo beneficiada con los subsidios de la CFE en los recibos de luz residenciales en temporada de verano, y para septiembre jura y perjura que se terminará la modernización de la carretera de Cuatro Carriles.
Desde luego que muchos temas pendientes con Sonora, (como lo es también el pago de los mil 100 millones de pesos por la venta de los viejos estadios de beisbol) le serán expuestos en corto y en público a López Obrador por la gobernadora Claudia Pavlovich, quien me caso ganso que seguirá insistiendo aquí, en Palacio Nacional, en la Conago o donde se lo encuentre para que atiendan las demandas de los sonorenses.
FUE EN VANO LA RENUNCIA DE LA CONSEJERA ELECTORAL
Ya decíamos en este espacio que el sacrificio de la consejera Claudia Ruiz Reséndez, de renunciar a su cargo en el Instituto Estatal Electoral para que utilicen su sueldo para ayudar a pagar a los 35 empleados despedidos de ese instituto, sería en vano porque las vacantes se ocupan por ley.
Y en efecto, el IEE ya lanzó la convocatoria para que a más tardar en enero sea ocupado el puesto que está vacante en el organismo electoral por otra mujer, por cuestión de equidad de género.
Viendo el lado optimista de la renuncia de Ruiz Reséndez, serían cuatro meses de sueldo de la consejera renunciante, algo así como 400 mil pesos que serían destinados al pago de finiquitos de los 40 ahora ex empleados que tenían hasta 16 años laborando para esa institución.
Pero esos recursos se vuelven polvo entre los 35 despedidos, algunos de ellos con mucha antigüedad en el empleo, y habría que ver si es legal esa acción presupuestal o requiere aprobación del Congreso del Estado.
Pero hay que reconocer que es muy destacable la solidaridad de la consejera Ruiz Reséndez de dejar ese jugoso hueso en el IEE por estar en desacuerdo con los consejeros en el injusto despido masivo de los empleados.
Como el instituto electoral de Sonora anda con una mano adelante y otra atrás, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y los consejeros aprobaron solicitar al Congreso del Estado que se le modifique el presupuesto de egresos para garantizar no el pago de los despedidos, sino de los que se quedan y que viven en la zozobra cada quincena porque no hay dinero, y a los que se van solo les dieron la bendición.
El recurso aprobado solicitar por los consejeros a los legisladores es de 4 millones 705 mil 535.16 pesos para pagar la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre del personal activo, así como seis días de sueldo pendiente de los alrededor de 35 empleados despedidos.
Ahora solo falta saber si el Congreso del Estado acepta modificar el presupuesto de egresos para quitarle la cobija a algunas áreas para tapar otras porque no es crédito ni más dinero sino una reasignación presupuestal.
En lo que respecta a los 35 trabajadores que fueron despedidos en el IEE, luego de la manifestación de protesta frente al organismo electoral, se desconoce si ya se presentaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa a interponer una denuncia por despido injustificado, y la exigencia del pago del finiquito o la reinstalación inmediata. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
