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A fin de cuentas, durante los tres días que peregrinó por comunidades indígenas sonorenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo no trajo nada concreto y se mantuvo en el llenado de tinacos con saliva, sino que le quitó al gobierno de Sonora un presupuesto que podría superar los mil millones de pesos.

Cuando menos esa es la intención con ese nuevo modelo para el sector educativo, que consiste en que Comités de Padres de Familia sean los encargados de administrar recursos financieros del Estado y de la Federación y aplicarlos en la ejecución de obras de remodelación, mantenimiento y construcción en planteles escolares.

La nueva ocurrencia de López Obrador y que en principio comprometió a la gobernadora Claudia Pavlovich, consiste en que por partes iguales, Federación-Estado asignarán de forma directa 150 mil pesos al año a planteles de uno a 50 estudiantes; 200 mil pesos en los que se tenga una inscripción de 50 a 100 estudiantes, y 500 mil pesos al año donde la población escolar sea superior a 100 alumnos.

En dicho esquema se incluye a tres mil 573 planteles de educación básica de todo el estado y de acuerdo a la distribución estudiantil por plantel, a ojo de buen cubero, al Gobierno del Estado le tocará apoquinar entre 900 millones de pesos a mil 200 millones de pesos, que suponemos serán a cargo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa que encabeza Yalia Salido Ibarra.

Yalia Salido Ibarra

Si bien eso no es lo de menos, de mayor relevancia la aplicabilidad de ese nuevo modelo que más bien parece una ocurrencia más de este presidente que padece México, al apostar a la improvisación y no dar prioridad a criterios técnicos rigurosos que amerita la seguridad de estudiantes y docentes, en aras de un empoderamiento de la gente muy mal entendido.

Este lunes por la mañana, platicamos más o menos de forma amplia sobre el tema con la gobernadora Pavlovich, quien reconoció que aún no saca las cuentas de los costos que ese modelo representará para su administración y que está en proceso de evaluación el impacto jurídico, dado el durísimo rigor legal en materia de Protección Civil.

La gobernadora encabezó el arranque de la colecta anual CRIT Teletón ahí en cercana vialidad en el Centro Cívico capitalino, donde también dio a medios de comunicación sus primeras declaraciones luego del intenso fin de semana como anfitriona de López Obrador, con quien reiteró mantiene una muy cordial relación y muy buena comunicación, soltando por ahí que ojalá tal interacción se refleje en mejores políticas presupuestales de la Federación para el Estado de Sonora.

La gobernadora analiza la modalidad para invertir en infraestructura escolar

Sobre el nuevo modelo para atender necesidades de infraestructura de los planteles escolares de la entidad, la percibimos con suma reserva y ya la imaginamos bien metida en la búsqueda de la fórmula que permita su aplicabilidad, cuando todo indica que a tal propuesta deberá creársele un marco jurídico que implicaría reformas a la Ley de Protección Civil, Ley para Obra Pública, Ley de Educación, Ley Orgánica del ISIE, entre otras.

Y por otra parte está la disponibilidad que tengan padres de familia, directivos escolares y estudiantes para involucrarse en responsabilidades que les son ajenas y adicionales a su lucha cotidiana por el sustento o el estudio, lo cual subrayó con la debida oportunidad el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, así como asumir riesgos por obras mal hechas.

El otro punto a cuestionar, es como se definió la distribución de los montos de aplicación de esos recursos al año, habiendo tantas variantes en el estado físico de las escuelas, que muchas no requerirán de una inversión de 500 mil pesos y que otras esos 500, 200 o 150 mil pesos nos les resuelve nada y lo peor, son sentenciadas a que esos montos sean lo único que reciban en cada ciclo escolar.

Cecilio Luna Salazar

Sabemos de la estricta metodología para definir prioridades en materia de rehabilitación, construcción, equipamiento y demás de la infraestructura educativa, así como los estrictos controles que se aplican en el gasto, además de la escrupulosa inspección en todo lo referente a la seguridad de alumnos y docentes, sin que se vea cómo se verá todo eso bajo la nueva modalidad anunciada.

Así a primera vista, dicha propuesta luce como un galimatías presidencial y tenemos la prospectiva de que, si se trata de establecer un frente contra la corrupción, argumento recurrente para fundamentar la “entrega directa de recursos a los beneficiarios”, puede resultar en un harakiri y más cuando a tal modelo se le suma el ingrediente político-electoral.

Hay que recordar el profundo pozo de corrupción en el que se operaban las cuotas escolares que de forma obligatoria debían pagar los padres de familia al inscribir a sus hijos y que de forma periódica eran exigidas para hacer mejoras escolares y que a fin de cuentas fueron eliminadas dada la discrecionalidad de su gasto y a los cacicazgos y contubernios entre directivos y padres de familia para gastar ese dinero muy a sus particulares gustos y necesidades.

Eduardo Bours Castelo

De seguidilla a los ecos de la gira presidencial, no podemos dejar de lado el que en sus tradicionales catilinarias en contra del neoliberalismo, López Obrador aseguró que hasta antes de 1983, las etnias vivían a toda madre y eran objeto de múltiples apoyos de los gobiernos y que a partir de ahí se les dejó en el abandono total.

En 1983 ya éramos plenamente conscientes y sabíamos de la situación que vivían las etnias sonorenses, lo cual nos hace reflexionar sobre el mal estado mental en que anda López Obrador como para partir de una total falacia para tener argumentos de descalificación a su odiado neoliberalismo.

No, en 1983 las etnias sonorenses estaban mucho más mal que ahora y no vemos en donde está el impacto de ese trato tan favorable que describe en favor de nuestros grupos indígenas, que en efecto persisten en la marginación pero en las que al menos en Sonora se aplican políticas públicas que en los últimos años han representado un buen avance para una mejor calidad de vida.

Pues en pleno neoliberalismo del presidente Miguel de la Madrid, recordamos cuando Samuel Ocaña les construyó un centenar de viviendas a los Seris en Punta Chueca y les instaló una planta desalinizadora; inyectó muchos recursos para incorporar a la actividad agropecuaria a yaquis y mayos; Rodolfo Félix Valdés siguió por esa vía al igual que sucesivos gobiernos, que si bien han sido acciones insuficientes para el alto grado de marginación, resistencias y divisiones internas ancestrales, resulta una falacia asegurar que las etnias de Sonora estuvieron en el abandono hasta diciembre pasado.

Asuman sus propios riesgos: AMLO a comunicadores accidentados que cubren sus giras

Específicamente para la tribu seri el entonces gobernador Eduardo Bours pavimentó la carretera Bahía Kino-Punta Chueca, amplió la capacidad para la desaladora y la gobernadora Pavlovich ha emprendido un esfuerzo histórico que en particular a los pueblos y comunidades de los diversos grupo étnicos les ha entregado centros de salud, escuelas, obras de infraestructura vial, de agua potable y demás, que en el caso de su antecesor, Guillermo Padrés éste sí operó para que la atención a etnias cayera en un bache.

O sea, que López Obrador no salga ahora con que las etnias de México y de Sonora vivieron su mejor momento con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, porque miente y sólo a él se le puede ocurrir espetar tales incongruencias solo para justificar su obsesivo antineoliberalismo.

Y en torno a la relación del gobierno de López Obrador y medios de comunicación, el accidente carretero donde resultaron con diversas lesiones reporteros que cubrían su gira por Sonora, deja ver la opacidad de dicha interacción, y queda en entredicho la versión respecto a que cada empresa mediática carga con los costos de dicha cobertura.

No vemos viable que 10 representantes de medios se pongan de acuerdo para rentar una van para sus traslados y por eso resulta lógico que la misma presidencia se apoye con instancias de los gobiernos locales y municipales para que carguen con los costos e igual ocurre con los hospedajes, donde todos, por mera casualidad sean concentrados en un solo hotel y que sus empresas también se pongan de acuerdo para reservar asientos en un solo vuelo.

AMLO, Jorge Taddei Bringas y el orate

Y lo peor del caso, obviamente con el fin de eludir responsabilidades por las precarias condiciones de cobertura, López Obrador mandó por un tubo a los accidentados, espetándoles que el que crea que es riesgoso andar del tingo al tango detrás de su agenda, que mejor se quede en casa o que asuman los riesgos de su trabajo.

A pesar de esas expresiones, no creemos que ahora sea distinto al pasado en ese asunto y quizás la única diferencia es que presidencia y empresas simulan gastos a través de contratos de publicidad, donde se incluyen los gastos de cobertura o sea, no aplica eso de que los beneficiarios deben recibir de forma directa los apoyos.

Y para el anecdotario el patético papelito de un orate y reconocido hampón salido de las cañerías del PAN, a quien López Obrador mandó por un tubo y con ello deberá reconsiderar la necesidad de ponerse a trabajar, luego de mantenerse de lo que recaudan sus empleados en las tomadas casetas de cobro de la carretera de 4 carriles.

Para la hilaridad también los gesticulantes pujidos del super delegado Jorge Taddei Bringas cuando el repelente sujeto lo balconeó como impulsor de esas acciones, pero ahí en todo caso le daremos la razón al académico universitario, toda vez que si bien es cierto que en un principio hubo conjunción en torno a libre tránsito y en contra de los gasolinazos, al darse cuenta la clase de rata con que trataban, él y muchos otros liderazgos se deslindaron y lo dejaron sólo con ese grupúsculo en el que mantiene control.

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