No debería desestimarse la delgada línea que separa la dignidad militar del activismo político, y que acaba de cruzar el General secretario de la Defensa Nacional Juan Cresencio Sandoval, al llamar a los mexicanos a unirse a la 4T.
En el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el General Secretario hizo un llamado a cerrar filas en torno al proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no puede ser considerado un desliz retórico. Porque el mensaje no viene de Mario Delgado, Fernández Noroña o cualquier otro civil en ejercicio de su derecho de participación política.
Si con alguna frecuencia suele decirse que el citado proyecto de nación se alimenta de una mirada al pasado, pensar en el activismo político de los militares echa esa mirada aún más atrás, a principios de los años 40, cuando eran el cuarto sector del entonces Partido de la Revolución Mexicana integrado por los sectores agrario, popular, obrero y militar.
Eso se terminó con la reconversión del PRM al PRI, aunque los militares siguieron teniendo gran peso en las decisiones políticas en el gobierno del partido único en esa etapa en la que Estado, gobierno, partido y presidente eran una y la misma cosa.
Aunque las fuerzas armadas dejaron de ser un sector del PRI, jamás se escindieron del partido en el gobierno. Al menos no del todo. De hecho, el todavía invencible tricolor fue dirigido nacionalmente por los generales Rodolfo Sánchez Taboada, Gabriel Leyva Vázquez, Agustín Olachea Avilés y Alfonso Corona del Rosal.
Fue bajo la dirección de este último cuando en 1963 se creó la Asociación Leandro Valle que, afiliada al PRI seguía negociando posiciones de gobierno y cargos de elección popular. Así llegaron diez militares a ocupar las gubernaturas de Zacatecas (Fernando Pamanes Escobedo); Oaxaca (Eliseo Jiménez Ruiz); Yucatán (Gracilano Alpuche Pinzón); Chiapas (Absalón Castellanos Domínguez, por cierto prisionero de guerra del EZLN durante el levantamiento armado de 1994); Hidalgo (Corona del Rosal y Oswaldo Cravioto Cisneros); Nayarit (Rogelio Flores Curiel); Aguascalientes (Miguel Ángel Barberena) y Baja California (Hermenegildo Cuenca Díaz).
También tuvieron un sinnúmero de senadores, diputados federales y locales.
Con el ascenso de nuevas fuerzas políticas, el modelo de partido único se agotó y dio paso a la competencia, la alternancia, la redefinición del Estado mexicano, la creación de nuevas instituciones que ayudaron a pavimentar el camino de la transición y se acotó a las fuerzas armadas a tareas propias de su naturaleza.
La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea es clara en su artículo 17 que a la letra reza: “Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes; así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Se argumentará que ninguna ley está por encima de la Constitución y por tanto cualquier ciudadano mexicano tiene a salvo el derecho de asociación, afiliación y la libertad de expresión, incluidos los militares.
Esto desde luego sería materia para expertos constitucionalistas, pero el sentido común indica que en un contexto como el actual, en que a los militares se les han conferido tareas, facultades y prerrogativas nunca antes vistas, estaríamos a un paso de que las fuerzas armadas participen también en la dirigencia de los partidos políticos, en el INE, en el Banco de México, en el ISTAI y en cuanta institución civil les parezca.
Finalmente los militares ya son constructores, administradores y empresarios de los megaproyectos sexenales: el aeropuerto de Santa Lucía (y otros cuatro más pequeños), la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y los bancos del Bienestar, por lo que se sabe.
También hacen funciones de agentes de migración, administran las aduanas, reparten gas, vacunas y libros de texto, entre otras.
Así, el activismo político del General Secretario puso nerviosos a más de cuatro que ven cómo la manu militari está ganando cada vez más espacios en todos los ámbitos, incluyendo el de la seguridad pública que, se dijo hasta el cansancio durante la pasada campaña de AMLO, no realizarían. De hecho, el hoy presidente repitió mucho la promesa de regresar el ejército a los cuarteles y lo que está a la vista es otra cosa.
Recordemos que la Guardia Nacional, integrada en un 90 por ciento por militares opera en todo el país realizando tareas de seguridad pública.
Más aún, a raíz de los hechos violentos en Tulum donde hubo un enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado y en el tiroteo asesinaron a dos turistas extranjeros, el mismo General Secretario anunció la creación de un batallón de mil 445 agentes de la Guardia Nacional para vigilar la Riviera Maya. Este modelo se replicará próximamente en otros destinos turísticos de México.
De manera muy mal disimulada, finalmente los militares, como en el sexenio de Calderón, están a cargo de la seguridad pública.
¿Qué de raro tendría que se hicieran cargo también de la gobernanza? La puerta parece estar abriéndose.
Como cosa curiosa, en el proyecto de nación que el señor Sandoval llamó a apoyar participan las más diversas corrientes ideológicas: desde la extrema derecha que no ve con malos ojos la militarización de la vida pública, hasta la izquierda que no hace mucho andaba a salto de mata huyendo de los balazos en las montañas, perseguidos por el mismo ejército al que abominaban y que hoy les guiña un ojo.
Por cierto, AMLO le entregó al General Secretario la medalla a la honestidad. Para ser sincero, es la primera vez que sé de este galardón y tengo la impresión que se trata de un invento urgente después del reportaje que documentó la presunta contratación de empresas fantasma, otras con antecedentes de desvío de recursos y varias operaciones que huelen a corrupción en la adjudicación de contratos por parte del ejército en el aeropuerto de Santa Lucía.
En fin…
II
Se nos acabó el espacio, pero mañana les compartiremos algunos trascendidos de la asamblea estatal del PRI donde se dieron cita más de un millar de militantes y ex militantes como Antonio Astiazarán y Ernesto Gándara, así como el ex gobernador Eduardo Bours Castelo y desde luego, todos los aspirantes a suceder a El Pato de Lucas en la dirigencia estatal, a saber: Humberto Robles Pompa, Pascual Soto, David Palafox, Bulmaro Pacheco y Rogelio Díaz Brown.
Que no estaban muertos ni andaban de parranda, dijo el Pato. Cuando mucho, malheridos y con la resaca de la derrota electoral de hace cinco meses, agregarían los malosos.
Mañana les pasamos uno que otro tip que salió de ese encuentro.
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