Entretelones
Samuel Valenzuela
Cuando el primero de diciembre del año pasado la aplanadora de MORENA y verrugas en el Congreso del Estado, aprobaron la reforma constitucional que reduce a tres años la gestión de quien suceda al gobernador Alfonso Durazo Montaño en la gubernatura, elucubramos sobre la forma como se podría revertir ese mandato de ley.
Como se recordará, el eje de esa reforma fue hacer concurrente la elección por la gubernatura y la presidencia de la república, respaldada por una serie de argumentos respecto a la temporalidad de los cargos citados, tendencias de votaciones locales y federales, supuestos hipotéticos carentes de toda lógica y un altero así justificaciones solo para taparle el ojo al macho.
Y decimos taparle el ojo al macho, porque con la correlación de fuerzas prevaleciente en la legislatura estatal, ni esos argumentos requerían para atender el ordenado fast track para ese proceso a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, ejecutor de un trámite plagado de simulaciones, sin entenderse bien a bien el sentido de urgencia para sacar adelante esa iniciativa del ejecutivo estatal.
Jacobo Mendoza Ruiz.
De inicio este espacio consideró que la única forma de revertir esta reforma fue que los partidos de oposición ganaran la mayoría calificada en el Congreso del Estado en la elección del año próximo, para que, así como se aprobó por el oficialismo con la mano en la cintura, de la misma forma la revoquen.
La otra opción que expusimos fue promover un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Nación, toda vez las omisiones tan evidentes en el proceso legislativo; el hecho de que la elección federal está empatada con la local, y que, si bien no coinciden las del presidente y para la gubernatura, las consideraciones con las que respaldan esa concurrencia carecen de rigor científico.
Pero como en esos tiempos la máxima autoridad judicial del país estaba sujeta a las desordenadas emociones del inquilino de palacio nacional y era muy probable que impusiera a una de su servidumbre en la presidencia, consideramos poco probable que prosperara un recurso de dicha naturaleza y mejor aceptamos la fatalidad de una decisión ya tomada y en todo caso propusimos en son de broma, que lo más lógico hubiera sido que el Congreso del Estado revocara el nombramiento del Gobernador Durazo para el período 2021-2027 y decretara reducirlo al período 2021-2024 y así atender de mejor forma al sentido de urgencia de empatar la elección por la gubernatura con la presidencial.
Pues con la elección de la nueva titular del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, nuevos aires de autonomía e independencia soplan por esos rumbos y a lo mejor por eso se animó Rogelio Díaz Brown a interponer el recurso de inconstitucionalidad con intenciones de la correspondiente revocación, sin que tengamos idea si tal acción resulta válida tratándose del tiempo transcurrido –tres meses y medio—desde su aprobación, aunque hace apenas 15 días fue promulgada luego que la mitad más uno de los ayuntamientos aprobaran dicha reforma.
Norma Lucía Piña Hernández.
Habrá que esperar saber sobre los criterios de la corte o si esos plazos se convierten en limitantes para el trámite iniciado por el dirigente estatal del PRI, aunque por cuestiones de tiempos o plazos, no debería haber problema para una reforma que tendrá vigencia hasta junio del 2026.
Sabe si la corte pudiera ordenar reponer el proceso para cubrir las evidentes omisiones en el caso del parlamento abierto y socialización, aunque tal ejercicio tendría que hacerse pasando el próximo proceso electoral o en todo caso, simplificar, acortar plazos de los loables propósitos de la reforma en cuestión, esto es, aplicar la reducción a tres años a la gestión de Durazo Montaño, para que lo más pronto posible Sonora goce de todos los beneficios que la reforma mayoriteada prevé hasta el 2030.
El caso es que nos resulta extraño que hasta ahora solo el PRI ha retobado e impugnado de manera formal dicha reforma, aunque hay que señalar la suma a ese mismo fin del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, sin que tengamos idea si también Movimiento Ciudadano y el PAN le entrarán a ese torito, en atención a los documentados posicionamientos de sus bancadas en el congreso local al fundamentar el voto en contra.
Es que sin importar que a la postre serían aplastados por el nado sincrónico del oficialismo, fueron lapidarios los posicionamientos de Natalia Rivera, Alejandra López Noriega, Rosa Elena Trujillo, Sagrario Montaño, Pato de Lucas y Jorge Russo, aunque sus alegatos no han trascendido hasta un recurso como el que interpuso el dirigente del PRI en Sonora, sin que tengamos idea de las razones o bien, de plano no estamos bien informados.
Al menos “El Roger” invitó a las dirigencias del MC, PAN y PRD en Sonora hacer valer su derecho ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se supone fueron restituidos los criterios de legalidad y autonomía en sus resolutivos, aunque hay que subrayar que el gobernador Durazo Montaño no es de los que se deja inyectar parado y dispone de profesionales de la abogacía y expertos en materia electoral y constitucional, así como de recursos financieros para defender su reforma.
Ernesto de Lucas Hopkins.
La verdad es que luce irrefutable el que tratándose de una reforma que tendrá aplicación hasta dentro de tres años, había suficiente tiempo, tiempo de sobra para socializarla, cumplir con la figura y para lo que se creó la figura del Parlamento Abierto, realizar una consulta abierta a la sociedad y en fin hacer las cosas de acuerdo a la magnitud y a las implicaciones de dicha iniciativa y no hacer las cosas en un pequeño círculo de notables aprovechando que en el congreso del estado tienen marionetas.
Por lo demás, gran polvareda levantó comentarios al vuelo que hizo el gobernador Durazo Montaño sobre cómo su administración realiza los procesos de licitación para la ejecución de obra pública, o sea, para la adjudicación de obras a particulares que se pagarán con recursos del gobierno.
Ya en pasadas conferencias de prensa el gobernador había informado de atajos para eludir tardada tramitología de los procesos de licitación que incluye, antes de nada, elaborar los proyectos ejecutivos de las obras a licitar, los cuales además cuestan dinero que en estos momentos el gobierno no tiene.
Pues este martes explicó a pregunta expresa, que con el fin de acelerar la ejecución de obra pública ha invitado a empresarios amigos a que inviertan, a que le metan y que con cargo a sus recursos elaboren los proyectos ejecutivos y con eso, tienen de entrada 10 puntos de ventaja en los procesos de licitación; “si ganan, pues ya tienen el proyecto ejecutivo, y si pierden, la empresa ganadora pagará el costo de ese proyecto ejecutivo. De eso nos encargaremos nosotros”, apuntó el gobernador.
Posicionamiento oficial.
Si bien entre legos en materia de adquisiciones de gobierno se percibe correcta y justificado lo descrito, la mención de “empresarios” amigos prendió los focos rojos entre el abundante gremio de los quisquillosos y particularmente entre los que presumen de conocimientos legales relativos a dicho tema, obligando al mandatario a hacer precisiones vía redes sociales:
“Quiero aclarar que en mi gobierno los proyectos se hacen conforme a lo establecido en nuestra legislación.
“Todo aquel que quiera ayudar a Sonora y financiar una obra, en los términos que la ley establece, adelante.
“La posibilidad está en la Ley de Obras Públicas, cuando se refiere a obra pública financiada y los conocidos proyectos “llave en mano”, que son aquellos que contemplan el proyecto ejecutivo en la licitación.
“Es una realidad que no hay dinero.
“Quien quiera ayudarnos a resolver las necesidades, que son muchas en nuestro estado, ha sido siempre bienvenido en el marco de la ley. No somos iguales”, aseguró.
Miren, simplista y todo, en nuestro caso siempre hemos creído que toda obra pública se programa para determinado ejercicio presupuestal y en los recursos asignados, van los correspondientes para la elaboración de los proyectos ejecutivos, los cuales deben estar listos antes del 15 de noviembre del año anterior del ejercicio durante el cual se ejecutará determinada obra, en el marco del programa anual de obras inserto en el presupuesto de egresos que aprueba el Congreso del Estado.
Carecemos de la menor idea si el posicionamiento del gobernador sobre la legalidad de su atajo se encuadra en las disposiciones de la Ley de Obra Pública, ley de Adquisiciones o a la normatividad legal y en todo caso de ese asunto debería opinar el contralor Guillermo Noriega Esparza, porque no faltan quienes consideran que esa vía alterna informada por el gobernador, no atiende el principio de legalidad que señala que los Servidores Públicos únicamente pueden hacer aquello que expresamente les faculta la Ley y que tratándose de empresarios, así sea amigos, nada es gratis.
Aarón Grageda Bustamante.
Reconocemos que no dimos seguimiento completo a la conferencia del gobernador porque uno de nuestros perros tuvo una emergencia médica y nos perdimos lo relativo al tres y dos en que se encuentra en la caja de bateo el titular de la SEC, Aarón Grajeda, quien vía Zoom se vio sumamente malito al no poder explicar ni muchos menos justificar la demora de la entrega de los uniformes deportivos escolares.
Este tema ha sido un cuento de nunca acabar desde el año pasado, resultando hasta risible las reiteradas referencias históricas aludidas por el funcionario estatal ante un gobernador obviamente impaciente y nada satisfecho porque a pesar de que empresarios maquileros cumplieron con los plazos de entrega, la SEC no termina por entregar ese material y al paso que va, podría concluir el ciclo escolar sin hacerlo.
Eso de los uniformes escolares gratuitos ya tuvo episodios azarosos durante el sexenio de Guillermo Padrés, al convertirse en la caja grande de donde le robaron a la niñez y juventud sonorense; se puso orden durante la gestión de Ernesto de Lucas y Víctor Guerrero en la SEC, durante las cual para fines de agosto de cada año toda la población escolar de educación básica disponía de sus uniformes, proceso que se rompió por la pandemia del Covid-19.
Pues a Grajeda le resultó cita, porque el mismo gobernador solicitó su presencia en la conferencia de prensa del próximo martes y lo mejor de todo es que eso le da tiempo para arreglar entuertos y superar esas repetitivas expresiones históricas que para nada explican la demora de la entrega de ese material.
No hace ni tanto se vio enredado en un zipizape por la presunta adquisición de libros a sobreprecio en el sistema Cecytes, tema que por cierto permanece en el limbo.
Durazo, cargada agenda.
Pero mientras tanto, vaya lo cargado de la agenda que cubrió Durazo Montaño este miércoles, arrancando con la colocación de una placa que distingue al Palacio de Gobierno como Zona Salva y segura para mujeres que a sus alrededores se sientan en riesgo, evento solo protocolario ya que ni modo que no lo fuera; Luego en la explanada del Centro de Gobierno dio el banderazo de salida al programa denominado “A ras de suelo combatimos el dengue”, donde entregó 14 unidades para el control de vectores de riesgo.
Luego presidió reunión ante autoridades de los 72 ayuntamientos de la entidad con quienes firmó convenio de colaboración en el marco del programa Transforma Sonora, para cerrar la jornada en MUSAS, en la premiación del concurso Libro Sonorense 2022 y concursos infantiles y juveniles de literatura de la SDEC y del Instituto Sonorense de Cultura.
