Mucho misterio, suspicacias y sospechosismo genera el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya decidido solicitar a la jueza que llevaba la causa, la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana.
Es un hecho que el condecorado militar mexicano regresará a México como un hombre libre, ya que hasta el momento se insiste en que la fiscalía mexicana no tiene ninguna investigación en su contra, aunque también se asegura que la instancia homóloga gringa, entregó todo el material que fundamentó su detención hace poco más de un mes en el aeropuerto de Los Ángeles.
Trastabillante, titubeante y poco clara la posición del gobierno de México respecto a ese inédito hecho en la relación bilateral con el poderoso país del norte, particularmente la del presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo y sus peroratas y catilinarias que dejan ver su acelerado deterioro mental y que en estos momentos debe tragar sapos luego de haber prejuzgado, juzgado y condenado al general de cuatro estrellas.
¿Pero qué ocurrió para llegar a este desenlace? Nos preguntamos todos luego de enterarnos de tantas versiones donde las menos creíbles son las que refieren a las habilidades diplomáticas del canciller Marcelo Ebrard y a las capacidades legales de Alejandro Gertz Manero o al intercambio de favores entre López Obrador y Donald Trump quienes como se sabe, se llevan de piquete de nalga y ombligo.
A partir de la detención de Cienfuegos, se han tejido toda una serie de historias entre las que destaca el hecho de que por varios años la DEA estuvo realizando una indagatoria sin atender los convenios de colaboración que permiten la presencia de sus agentes en territorio nacional y lo hicieron a lo largo de los últimos seis años, sin descartarse que no sólo Cienfuegos haya sido el único objeto de su curiosidad.
Se asegura que dicha actividad clandestina de la agencia antidrogas gringa se acentuó luego del culiacanazo y posteriores muestras de afecto del presidente a familiares de “El Chapo” Guzmán, resultando por demás extraño el que la inteligencia mexicana a través de la Secretaría de Seguridad Federal a cargo de Alfonso Durazo, no se hubiera dado cuenta y al menos haber evitado esa intromisión en contra de la soberanía nacional.
Como decíamos, hay muchas versiones: que se trata de razones de estado de parte de los dos gobiernos; que México amenazó con limitar la presencia y actuación de la DEA en territorio nacional; que el departamento de Defensa de Estados Unidos le cobró a la DEA agravios y operó con militares mexicanos la liberación; que no había pruebas concluyentes sobre la comisión de delitos que ya habían prescrito; que Trump quiso evitar que el militar mexicano de información comprometedora.
También que el gobierno gringo fue solidario con el gobierno mexicano frente a la creciente inconformidad de importantes segmentos de las fuerzas armadas de este país, frente a un operativo de instancia extranjera que en principio fue apoyado por el mismo presidente López Obrador, quien incluso se atrevió a anunciar una limpia en el ejército y de todos los vínculos cercanos a Cienfuegos, ruptura en proceso con la instancia civil que se atenúa con el acto de libertad logrado, ya que como se sabe, el actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, se negó a realizar la purga anunciada por el presidente
O sea, fueron razones de estado las que derivaron en ese inesperado giro de los acontecimientos, al abrirse en este lado de la frontera, espacios para el resarcimiento de daños a nuestras fuerzas armadas; restituir su dignidad lastimada por gringos y por el presidente, en tanto que al otro lado dejar la víbora chillando toda vez que el acuerdo de desistimiento de cargos se dio horas después del nombramiento del staff de seguridad hecho por el presidente electo, Joe Biden.
Por lo pronto, habría que definir si hay responsables de que la DEA actúe con manos libres en México sin que las alardeadas estrategias de inteligencia que gustaba describir a Durazo Montaño tuvieran indicios de actividades tan delicadas, sin descartar incluso que hasta el aspirante a la gubernatura de Sonora tenga un voluminoso expediente.
Pero como sea, seguimos sosteniendo, que en el tema del tráfico de drogas, particularmente elementos del Ejército, Marina y ahora Guardia Nacional, tienen las manos bien metidas, sin que esto sea de ahora, si no de siempre, pero alentado en estos tiempos por la torpe estrategia para su combate, tan torpe que parece complicidad de parte del actual gobierno.
Por lo demás, salvo voces aisladas y sin peso político específico ni mayores influencias, registra muy buenos avances la propuesta de constituir un solo frente, coalición o alianza de partidos, para postular como candidato a la gubernatura a Ernesto Gándara Camou.
Hasta por sentido común debería de aceptarse que bajo las condiciones políticas actuales, solo de esa forma podría anularse la nefasta amenaza que se cierne sobre los sonorenses y así se refleja en los resultados de encuestas que han realizado en los últimos días, en donde una eventual sociedad entre el PRI, PAN, PRD y MC, colocan como ganador a “El Borrego” con un 51.2 por ciento de las preferencias, en tanto que la de MORENA, Verde y PT, dejan al ya citado Durazo con el 48.8 por ciento, margen que se ha ido gradualmente ampliando en los últimos levantamientos.
Nos llama la atención el que en el paquete pripanperredista se incluya a Movimiento Ciudadano, alimentando la posibilidad de que a fin de cuentas y a la luz de proyecciones no favorables al ir en soledad, el virtual candidato a la gubernatura, Ricardo Bours Castelo, decline y se sume a la candidatura de su excompañero de partido.
Lo anterior lo decimos a ojo de buen cubero y con el riesgo de enérgico desmentido de parte del influyente político cajemense, mientras que por otro lado, fuentes del PRD, del PAN y del PRI coinciden en que ya hay avances sustantivos para aterrizar por escrito el anunciado acuerdo de voluntades, con las firmas de Ernesto de Lucas, Joel Ramírez y Ernesto Munro.
Hemos estado atentos al seguimiento de reacciones sobre dicho tema y resulta evidente que los mayores retobos se manifiestan en el PAN, que en el caso de su dirigente estatal lo hemos percibido con una posición ambivalente, no así al pirrurris senador Damián Zepeda quien ha emprendido lo que se supone es una cruzada purificadora en la que privilegia lo que dice el PAN concebido por los ancestros a la cruda realidad respecto a que solos no tienen la menor opción de recuperación.
En el PRI sólo se escucha una voz discordante que obviamente nadie toma en cuenta por no representar absolutamente nada en la correlación de fuerzas internas y liderazgos en ese partido y mucho menos en su militancia, aunque haya quienes de forma convenenciera divulguen escenarios de transfuguismo inminente sin más sustento que las ganas que le vaya mal a Gándara Camou, en tanto desde el PRD se advierte sólida consistencia y mayor impulso, factores que luego de la elección y en función de los resultados, deberán ser valorados.
Por lo demás, nos da mucho gusto que no se haya concretado el atentado en contra de la Universidad de Sonora propuesto por la bancada de MORENA en la sesión del martes del Congreso del Estado, al mandarse a comisión de dictamen la ocurrencia de solicitar que se suspenda el proceso de renovación de rector porque en una propuesta de reforma a la ley 4, se establecen nuevos mecanismos de elección.
Bajo ese estúpido criterio, esa partida de ignorantes que encabeza Ernestina Castro, deberían de proponer la suspensión absoluta de actividades de nuestra Alma Mater, porque en la propuesta de reforma aludida hay toda una serie de temas que pretenden modificar, no solo en el proceso de elección de rector y todo a partir de pretensiones de control partidista de quienes en el reciente pasado fueron furibundos defensores de la autonomía universitaria.
Por cierto, ya entró en vigor la ley que obliga al uso de cubrebocas en establecimientos comerciales, centros de trabajo, transporte público y en lugares de concentración de personas en la vía pública, quedando corta la intención del diputado promovente, Luis Armando Colosio Muñoz, en materia de sanciones a quienes desacaten dicha normatividad.
Todo quedó en que la autoridad solo podrá llamar la atención a quienes no usen dicha prenda indispensable para evitar ser contagiado y contagiar, pero que para no contradecir a López Obrador, a la mayoría de MORENA se le arrugó el asterisco y cabildearon para eliminar todo lo referente a sanciones, aunque pues algo es algo.
