Alcoholemia

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Vaya la ausencia de sentido común de Manuel Lira Valenzuela, quien como dirigente de la Canirac en Hermosillo, considera que conducir un vehículo con tres cheves o tres tragos entre pecho y espalda, no representa ningún riesgo y sí atenta contra la industria restaurantera capitalina.  

Resulta que el líder empresarial fue detenido y multado por conducir su vehículo con niveles de alcohol superiores a lo permitido por la ley, de acuerdo al alcoholímetro que le fue aplicado en uno de los retenes que opera la policía municipal, principalmente los fines de semana y por eso se entiende su ira, al denunciar presunto acoso policial contra automovilistas.  

Pero vamos por partes; de acuerdo a las reformas y adiciones a la ley de Tránsito aprobadas por la legislatura estatal a mediados del 2019, en el Artículo 106 bis. se establece que ninguna persona puede conducir vehículos por la vía pública si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas.  

Dicho límite en la tomadera resulta en que para no tener problemas con la ley, nunca hay que tomar más de dos cheves si quieres manejar tu carro, lo cual para Lira Valenzuela constituye un acoso para los automovilistas y un atentado en contra de la economía de los restauranteros porque se ahuyenta a la clientela de sus antros.  

Manuel Lira Valenzuela

Otro alegato es que son fregaderas que los filtros o retenes de la policía municipal sean instalados en las proximidades de áreas restauranteras, faltándole solo proponer que se pongan en algún lejano punto de la carretera a la Colorada o allá llegando a la Mina Nico para no afectar a establecimientos donde se vende comida y se consume alcohol los cuales prácticamente están en toda la mancha urbana.  

Luego de las tragedias que han enlutado a tantas familias, producto de la ingesta de alcohol en combinación con tomar el volante, algo se tenía que hacer para romper con dicha tendencia y los filtros y retenes son el mejor disuasivo, la mejor forma de poner orden, siempre y cuando se conjunten condiciones de buen criterio, legalidad, honestidad y respeto de parte de quienes participan en esos operativos, con la participación de ministerios públicos, medicina legal, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo, agentes de probada moralidad.  

Es más, para un borracho que maneja, le podría resultar más barato ser detenido en un filtro que caer en las garras de un patrullero, ya que si bien será liberado a cambio de unos dos mil o tres mil pesos, más adelante se parte la madre o se la parte a otros que ni la debían ni la temían, lo cual ha ocurrido no pocas veces en estas calles de Dios.  

“El Tres Copas” Lira Valenzuela debería de reconsiderar su postura y en todo caso involucrar a los socios de la Canirac en programas de sensibilización y de apoyo a su clientela, como lo es limitar la venta de alcohol a personas obviamente borrachas; promover el uso de plataformas como Uber, Didi, taxis y el Conductor Designado para garantizar el regreso seguro a casa.  

Manuel Emilio Hoyos

Pero los muchachitos al mando del comisario Manuel Emilio Hoyos también deberían de aplicar mejores criterios en sus intenciones de quedar bien, porque ya ven el caos y gigantesco congestionamiento vial que ocasionaron el fin de semana pasado en San Pedro y comunidades cercanas, con cientos de automovilistas que duraron hasta más de una hora para salir del atorón.  

Es frecuente escuchar que detrás de ese tipo de operativos están estrategias recaudatorias o sea, con el fin de engordar el erario municipal a costa de finanzas familiares, pero si se realizan con toda las de la ley dejan de serlo, como no lo es –estrategia recaudatoria del ayuntamiento—el operativo que montan a diario cuando hay buen clima, un par de genízaros que con pavorosa pistola de radar asaltan a automovilistas que tienen que pasar frente a la UVM, ya que lo que recaudan se lo embolsan.  

Tienen semanas haciendo eso y ahora en agosto siguen haciendo su agosto convirtiendo dicho tramo en un donde se cobra derecho de paso de acuerdo al criterio del par de chotas, que hasta eso, son flexibles en sus pretensiones monetarias, ya que a punta de esa pistola de radar, reciben desde 100, 200 o hasta 500 pesos, porque de acuerdo el sapo es la pedrada, aunque si no hay ofrecimientos ponen la multa.  

Este común automovilista pasa con mucha regularidad por ese tramo y ya sabemos que entre el ramajo del camellón central se ocultan los asaltantes y por supuesto procuramos ir a paso lento, sin que tal previsión nos sirviera de nada porque de buenas a primeras se nos atravesó el chotita y nos sacó la clásica platiquita de alguien que pretende algún arreglo para no ser multado por ir a 74 kilómetros por hora, mientras carros y carros pasaban en chinga, porque como se imaginarán no se dan abasto.  

Comisión de Gobernación

Por supuesto que nos encabronamos ya que resulta insostenible que en dicho tramo el límite de velocidad sea de 60 kilómetros por hora, porque además ni señalización al respecto existe a la vista, no quedando más que aceptar la multa que por supuesto nos negamos a firmar, y valga aclarar que lo anterior ocurrió hace unos días, y habíamos decidido no retobar, sólo que en estos días nos han llegado reportes que las mordidas son muchas más que las multas que levantan, sin que tengamos idea si de tal trafique está enterado el Comisario y menos si se reportan con él.  

Respecto a nuestra infracción, reconocemos andar medio ruinones para pagarla, además que aún nos queda resistencia frente a lo que nos parece es una estupidez el que el límite de velocidad sea de 60 kilómetros por hora y porque creemos que la rata con la pistola de radar nos seleccionó por el tipo de carro que traemos y a lo mejor se le hicieron muy pocos los 74 kilómetros por hora para los 450 caballos de fuerza de nuestro Camaro. Juar, Juar.  

Por otra parte, luego de artificiosas polvaredas, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechó de plano por ser notoriamente improcedentes, las solicitudes de juicio político que particulares interpusieron en contra del Alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez y contra la fiscal Claudia Indira Contreras.  

Presidida por el diputado Jacobo Mendoza (MORENA) e integrada por Azalia Guevara (MORENA), Rosa Elena Trujillo (MC), el pollito castelo (morena) –minúsculas a propósito—Sebastián Orduño (PT) y Ernesto de Lucas (PRI), dicha comisión determinó de forma unánime la improcedencia de someter a dicho trámite, primero al munícipe capitalino por parte de representantes de jubilados y pensionados que pretenden extender beneficios sindicales hasta su etapa de retiro.  

Claudia y Toño

De acuerdo al contenido del dictamen, los promoventes de tal vacilada no acreditaron los supuestos que señalaron en contra del munícipe ni mostraron indicios que demuestren la veracidad de sus dichos, además de no haber firmeza jurídica en sus alegatos y “las pruebas y elementos aportados no son constitutivos para incoar el procedimiento de juicio político” en contra de Astiazarán Gutiérrez.  

Bien la acotación que hizo la diputada del MC, quien luego de la votación de rechazo, consideró la necesidad de que independientemente a la cuestión legal y sentido del dictamen aprobado, se debe analizar la problemática de jubilados y pensionados del ayuntamiento desde el punto de vista social, así como lo ha estado haciendo el secretario de la comuna, Florencio Díaz Armenta, quien le ha entrado a lo casuístico, esto es, construir un esquema donde los apoyos se mantengan entre jubilados y pensionados que tengan ingresos modestos y se dejen fuera a los aristócratas en retiro.  

Obvio que esa demanda de juicio político en contra del munícipe capitalino no tenía ningún futuro y qué bueno que así lo entendieron por rumbos de MORENA y PT, a quienes de pronto les dio por acuerpar a abogados huisacheros y hasta participar en manifestaciones para pedir la cabeza del presidente municipal.  

Florentino Vázquez Borja

Peor el caso de la solicitud en contra de la fiscal y la verdad es que no sabíamos bien a bien de los causales por las que el presunto profesional del derecho, Florentino Vázquez Borja solicitó a la legislatura someter a juicio político a la Fiscal General de Justicia del Estado, pero en el mismo contenido del dictamen, desnuda la estulticia del promovente que se respalda con una fantasmal asociación de vecinos denominado “Nuevo Colorado”.  

No vamos a desperdiciar espacio ni el tiempo que perdieron diputadas y diputados de la comisión dictaminadora repitiendo la bola de sandeces que a manera de fundamentación promovió el “abogado” mencionado y que derivaran en que su solicitud fuera enviada al cesto de la basura. 

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